Desde hace unos meses la Fiscalía ha estado notificando a los ocupantes de los inmuebles que colindan con el Parque Nacional de la Justicia para que devuelvan sus propiedades sin contraprestación alguna argumentado que dichos predios son propiedad de la nación al amparo de un decreto de 1907 (Porfirio Díaz) donde una extensión de terreno de 5,000 hectáreas que iba de Cuajimalpa a Chapultepec (incluida la zona de Santa Fe) se declaraba como reserva para uso público y bosques. Es importante destacar que dicho decreto quedó derogado en tres ocasiones en los años de 1919, 1951 y 1992.
En este contexto, es muy posible que las autoridades continúen con los procesos de notificación tanto a los desarrolladores como los actuales propietarios, los cuales, en muchos de los casos cuentan con escritura pública debidamente inscrita en el registro público. Al día de hoy, la Fiscalía ya logró la devolución de una gasolinera y algunos inmuebles colindantes. En cuanto a los edificios residenciales, aún no se conoce alguno que haya sido devuelto. Cabe mencionar que el proceder de la FGR no califica como una expropiación como tal, dado que no existe una contraprestación ni se acredita una causa de utilidad pública.
Sin duda hay mecanismos de defensa y existen diversas instancias legales que protegen los derechos de los propietarios. Jorge Triana diputado del Partido Acción Nacional ha dejado ver que existen medios de defensa idóneos para salvaguardar los derechos de los titulares y sugiere no postergar el inicio de las acciones legales que procedan. Lo anterior supone que tanto los desarrolladores como los propietarios de los departamentos atiendan cualquier notificación en este sentido, ya que en caso contrario, el omitir atender dichas notificaciones resultaría en la posibilidad de perder el derecho a la defensa.
No. Aunque el decreto porfirista consideraba 5,000 hectáreas, al día de hoy, la Fiscalía pretende recuperar únicamente los inmuebles que colindan con el Parque Nacional de Justicia y que van desde la desviación de la carretera federal y de cuota a Toluca y hasta el túnel que conecta Santa Fe con Bosques de las Lomas.
Sin duda es algo que afecta de manera importante al mercado inmobiliario mexicano y a la percepción que se tendría de México en general. Los conceptos de propiedad privada y estado de derecho son dos elementos fundamentales que otorgan la certidumbre necesaria para detonar inversión tanto nacional como extranjera. Si las acciones de la Fiscalía prosperan, estas prácticas podrían extenderse a otros ámbitos de la actividad económica nacional lo cuál dañaría profundamente la imagen del país hacia el exterior y afectar de manera importante su desarrollo económico en el corto y mediano plazo. Desde la perspectiva de la FGR tampoco será sencillo; en los predios que pretenden les sean devueltos se desarrollaron 10 edificios que representan al menos 3,000 departamentos sobre los cuales se tendrá que librar una batalla legal individualizada con gente que hará hasta lo imposible por conservar su patrimonio.
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